PORTUGAL AMEAÇADO PELA DROGA

REPORTAJE: EL NARCOESTADO
En el corazón del 'narcoestado'
Grandes narcotraficantes usan Guinea-Bissau como base para introducir droga en Europa. Un periodista de EL PAÍS ha recorrido el país: una de las naciones más pobres del mundo, un territorio donde los militares, enzarzados en sangrientas pugnas, impiden investigar los alijos de droga encontrados, y los 'narcos' latinoamericanos cruzan la tenebrosa noche de Bissau en coches de lujo.


Los narcotraficantes andan por ahí y no es difícil identificarlos. En esta misma sala me han venido a ver cuatro o cinco veces para proponerme negocio. Aquí, donde está sentado usted, me ofrecieron 10 millones de euros". José Zamora Induta, 43 años, jefe de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau, habla con una naturalidad asombrosa sobre las redes de traficantes de drogas, locales y extranjeros, en este país de África Occidental. Zamora, capitán de navío (grado equivalente a coronel), es el nuevo hombre fuerte después del doble asesinato, el 1 de marzo, del presidente João Bernardo Nino Vieira y del jefe de la cúpula militar, general Baptista Tagmé Na Wae. Hoy, los guineanos acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente, en un clima donde predomina el pesimismo. ¿Tan mal están las cosas en este país africano, maltratado y olvidado a partes iguales, al que una agencia de la ONU y numerosos medios ya describen como el primer narcoestado de África?


Los empleados públicos de Bissau, excepto los militares, no cobran sus salarios desde el mes de enero

Soldados de uniforme se ocuparon de un avión procedente de Venezuela que la jefa de policía creía lleno de droga

"Aquí haría falta un dictador, en el buen sentido, para moralizar la sociedad", dice el jefe del Ejército guineano

"Las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau son un reino de Taifas, sin un mando claro", dice el jefe de la misión de la UE
De noche, en el corazón de las tinieblas de la capital guineana hay vida. Las sombras se mueven como en pleno día. Es la adaptación al medio, como los felinos, y a muchos años de vivir en la oscuridad. La vida nocturna permite descubrir que la presencia de traficantes de distinto pelaje, contrabandistas, negociantes, aventureros, espías, confidentes, no es una fábula. Alimentados por ruidosos grupos electrógenos, bares, restaurantes y discotecas tienen abundante clientela los días que están abiertos. Hasta un casino. ¿Un casino en Bissau? ¿Para qué? Para lavar dinero sucio, comenta un residente extranjero con larga experiencia en África. La imagen no puede ser más deprimente. La sala de máquinas tragaperras está desierta. En una esquina, una mujer sentada en la barra da cabezadas. En la sala de juego, separada por una cortina roja, seis tipos juegan al póquer en un ambiente lúgubre.

Por las calles polvorientas asoman vehículos que no pasan desapercibidos en un parque móvil de derribo como el guineano. Kalliste, en la plaza del Che Guevara, es uno de los locales frecuentados por los amantes de la ostentación en medio de la miseria. A medianoche, mientras suena la música en vivo, llegan camionetas Hummer, Porsche Cayenne, Mercedes, Audi. Últimos modelos. De su interior salen negros fornidos o tipos con acento latinoamericano acompañados de muchachas atractivas. Algunos de estos vehículos duermen en el hotel 24 de Septiembre, con fama de tener la mejor piscina de Bissau. Los fines de semana, jóvenes de buena planta y aprendices de modelo pasan aquí la tarde, en compañía de buen whisky, móvil en mano y ante la mirada de guardaespaldas. Son escenas de un mundo que parece irreal, en contraste brutal con la realidad de cualquier rincón de este país maltratado.

El narcotráfico empieza a ser un problema a partir de 2005, con el regreso de Nino Vieira, el gran actor político de las últimas décadas que había sido derrocado seis años antes. Pescadores de la región costera de Biombo descubren un bidón flotando en el agua empujado por la corriente. En su interior hay un polvo misterioso de color blanco. Los nativos experimentan con el hallazgo: unos lo usan para embadurnarse el rostro y sienten mareos; otros creen que se trata de un fertilizante, pero las plantas y hortalizas se mueren, e incluso los hay que lo prueban para marcar las líneas de un campo de fútbol. El caso alcanza amplio eco mediático cuando se comprueba que se trata de un bidón de cocaína extraviado de un cargamento lanzado al agua desde un barco.

A finales de 2007, Carmelita Pires, ministra de Justicia de la época, acude a Lisboa a una conferencia internacional sobre narcotráfico y presenta una relación de políticos, militares y policías de Guinea-Bissau involucrados en actividades ilegales. "Era un trabajo sobre quién es quién", explica. Pires está amenazada de muerte.

Aquel mismo año, Amador Sánchez Rico, jefe de la oficina de África Occidental de la Comisión Europea, recibe una orden escueta de su jefe en Bruselas: "Ocúpate de Guinea-Bissau. Se están complicando las cosas". Llegan noticias inquietantes que indican que una cuarta parte de la droga colombiana, peruana o boliviana que se consume en Europa transita por la nueva ruta africana. Los informadores sobre el terreno hablan de cargamentos de cocaína por mar y aire a islas deshabitadas, a pistas de aterrizaje abandonadas, de aviones que lanzan la carga en paracaídas, de mulas (correos humanos) que transportan cápsulas con droga en el estómago. "Hay historias de película imposibles de contrastar", explica Sánchez Rico. Las autoridades guineanas piden ayuda, Portugal presiona, España abre embajada y los organismos internacionales empiezan a reaccionar: Naciones Unidas, Unión Europea (UE), Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)...

La antigua colonia portuguesa ha empezado a recibir periodistas en busca de historias de narcotraficantes. Quien espere encontrarlos a la vuelta de la esquina puede llevarse una tremenda frustración. Lo que salta a la vista es un mundo de pobreza y abandono, donde la mayoría sobrevive como puede. Bissau es una ciudad con la red eléctrica destruida por la guerra de hace 10 años -tienen luz quienes disponen de grupo electrógeno-, sin agua corriente y, prácticamente, sin red de telefonía fija. Una cuarta parte de los niños muere antes de los cinco años. Dos tercios de los 1,7 millones de habitantes viven por debajo del umbral de pobreza. El PIB nominal per cápita es de 220 dólares, entre los cuatro más bajos del mundo, según el FMI. El funcionamiento de los hospitales depende en un 90% de la ayuda exterior o de acuerdos para programas específicos. Los empleados públicos, con excepción de los militares, no cobran su salario desde enero. Muchos edificios, como el antiguo palacio presidencial, exhiben los destrozos de la última guerra (1998-1999).

"Es un país con todos los ingredientes de un Estado fallido", dice Sánchez Rico. Gran parte del territorio nacional, que incluye 82 islas del archipiélago Bijagos y numerosas pistas de aterrizaje de la época colonial, está fuera de control. La Marina tiene apenas dos embarcaciones en funcionamiento. La Fuerza Aérea sólo existe nominalmente, porque ni siquiera tiene un helicóptero. "En Guinea-Bissau sólo vuelan los mosquitos", comenta el general Juan Esteban Verástegui, jefe de la misión de la UE para la reforma del sector de seguridad.

A las siete de la mañana, el club militar de oficiales de Bissau, habilitado provisionalmente como sede del Estado Mayor General, es un hervidero de soldados fuertemente armados. Son el escudo del hombre más protegido del país. "Este puesto es de alto riesgo", admite el jefe máximo, José Zamora, vestido de uniforme de faena y boina, al recordar la bomba que mató a su antecesor en la sede del cuartel general del Ejército. Los tres últimos jefes militares de Guinea-Bissau murieron violentamente. Zamora se esfuerza en transmitir una sensación de normalidad, aunque el mensaje que sale de sus entrañas no es tranquilizador, en un país donde los militares tienen la última palabra. "Aquí haría falta un dictador, en el buen sentido, para moralizar la sociedad", dice sin pestañear. "Para combatir el narcotráfico es preciso alguien que esté limpio. Se lo he dicho a los americanos cuando les pedí medios para enfrentar a los traficantes".

En la misma entrevista acusa directamente al ex ministro y candidato presidencial Baciro Dabó de estar detrás del atentado que costó la vida al anterior jefe de las Fuerzas Armadas. "Pero este político tiene inmunidad y no lo podemos citar a declarar", dice. Días después, el ex ministro y comandante del Ejército murió acribillado por hombres uniformados en su casa. Idéntica suerte corrió el ex ministro de Defensa Helder Proença. Los militares dieron una versión difícil de creer que acusaba a las víctimas de preparar un golpe de Estado, pese a tratarse de dos políticos controvertidos, vinculados con el anterior presidente Vieira. Es decir, para impedir un golpe mataron a quemarropa a dos dirigentes políticos.

Es paradójico. Pocas lecciones de limpieza moral puede dar el Ejército de este país, pese a las palabras de su jefe. Basta escuchar a Lucinda Barbosa, directora general de la Policía Judicial (PJ), único cuerpo de seguridad con competencias para combatir el narcotráfico. Tiene 60 agentes -espera contar con 107 a finales de año-, mal remunerados y sin recursos, frente a un enemigo con dinero de sobra para comprar voluntades. "Es difícil luchar contra el crimen organizado, exige mucha inversión y tiempo", afirma. "Queda mucho por hacer, pero algo hemos hecho", agrega.

Las tres mayores capturas de droga, entre 2006 y 2008, han sido episodios dignos de la mejor película de intriga. El primer cargamento (674 kilogramos de cocaína), interceptado en el puerto de Bissau, está valorado en 20 millones de euros. La droga desapareció de los depósitos del Tesoro Público y la investigación sigue abierta. En el operativo del segundo alijo (634 kilos), descargado en una antigua pista de aterrizaje de la época colonial a 50 kilómetros de Bissau, caen detenidos el capitán Rui Na Flack y el teniente Augusto Armando Balanta. Son liberados por orden del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Tagmé Na Wae, que se erige en juez. Cuatro meses después, los colombianos Juan Pablo Camacho y Luis Fernando Ortega son detenidos con 95.000 euros, dos granadas, un fusil AK-47, una pistola y gas paralizante. Salen libres después de pagar una fianza.

El caso más escandaloso estalla en julio de 2008, cuando aterriza en el aeropuerto internacional de la capital guineana un jet privado procedente de Venezuela. Aparentemente tiene problemas técnicos. A las pocas horas llega otra nave desde Dakar con la presunta misión de prestar asistencia técnica. El cúmulo de irregularidades es increíble. Ninguno de los dos aviones tiene plan de vuelo; desde el primer momento, el Ejército se adueña de la situación y establece una línea roja alrededor de la primera nave; las autoridades aeroportuarias y la Policía Judicial no pueden acercarse al lugar; el Gobierno sólo es informado al cabo de seis días.

"Los militares dicen que el avión transporta medicinas para las Fuerzas Armadas y nosotros decimos que no", recuerda Lucinda Barbosa en su despacho de la dirección general de la PJ mientras muestra varias fotografías. En ellas se ve a soldados de uniforme descargando cajas del avión bajo la supervisión del comandante Papa Camará, jefe de la Fuerza Aérea. La directora de la PJ está convencida de que aquellas cajas contenían 515 kilos de cocaína que desaparecieron como si se tratara de humo.

"Si transportaba medicinas, ¿por qué impidieron el acceso de otras fuerzas?, ¿por qué no presentaron a la aduana la declaración de carga?, ¿por qué el Ministerio de Defensa no sabía nada?". Las preguntas de la directora de la Policía Judicial siguen sin respuesta, pero hay un dato que despeja cualquier duda. La DEA y el FBI informan a las autoridades guineanas que el piloto del avión sospechoso, Carmelo Vázquez Guerra, con pasaporte venezolano, había sido detenido en abril de 2006 en el aeropuerto mexicano de Ciudad del Carmen (Campeche) tras aterrizar a los mandos de un DC-9 con cinco toneladas y media de cocaína. En aquella ocasión acabó esfumándose. La fiscalía antidroga de México le acusa de pertenecer al cartel de Sinaloa, una de las dos principales bandas mafiosas que operan en aquel país. Llega a Bissau una orden internacional de captura contra el piloto, mientras policías de varias nacionalidades buscan la droga. "Trabajamos un fin de semana entero para conceder la extradición", explica Carmelita Pires, ministra de Justicia de la época. La droga no aparece y, lo que es peor, el lunes siguiente, el juez de instrucción, con la connivencia del ministerio público, decreta la libertad de todos los detenidos por falta de pruebas, tres latinoamericanos y un guineano.

Pedro Nfanda, abogado del piloto y del copiloto, alega problemas de incompetencia por no existir tratado bilateral de extradición entre Guinea-Bissau y México. Nfanda es conocido por haber defendido a varios acusados de narcotráfico. Su cliente más conocido es el contralmirante José Américo Bubo Na Tchuto, ex jefe de la Marina y refugiado en Gambia desde finales del año pasado por una intentona golpista. Son de dominio público los relatos sobre la vida alegre y de ostentación de Bubo, cuyo apodo aparece en todas las listas de la red local de traficantes de droga. En una entrevista en su despacho, el abogado Nfanda anuncia su intención de ser candidato a las elecciones presidenciales del 28 de junio. "Creo que puedo aportar algo distinto de la política de mi país", declara.

Han pasado 10 meses y los dos reactores abandonados en una pista del aeropuerto Osvaldo Vieira de Bissau son testigos mudos de la impunidad con que se mueve el crimen organizado en África Occidental. "No pondría la mano en el fuego por nadie, realmente por nadie", confiesa Lucinda Barbosa. "Los guineanos necesitamos ver una condena, aunque sólo sea una, para ejemplo de que el Estado funciona mínimamente", suplica la ex ministra Pires, que dirigió el Plan Nacional de Combate al Narcotráfico hasta su reciente dimisión. [En diciembre de 2005, la policía española desbarató una red de narcotraficantes colombianos que operaban desde Guinea Bissau con avionetas cargadas de droga. Una de ellas, pilotada por alemanes, fue interceptada en un aeródromo segoviano con 106 kilos de cocaína]. "No se ha hecho nada", admite Pires, compungida a la hora de dibujar un escenario de impunidad y complicidad al más alto nivel.

Los militares son parte del problema, dice más de una voz en Guinea-Bissau. Para tratar de acabar con el problema está desplegada la Misión de la Unión Europea para la Reforma del Sector de Seguridad, que dirige desde hace un año el general español Juan Esteban Verástegui, de 66 años. El objetivo es reducir drásticamente los 4.500 efectivos de un Ejército obsoleto, con tres veces más oficiales que soldados, la mayoría de los cuales ni aparece por los cuarteles, que se caen a pedazos, porque no hay nada que hacer. Como La Mura, sede de la zona militar del centro, que abarca Bissau y su región. A la entrada hay tres soldados entrados en años, sin armamento y con escasa disposición a la vigilancia. Uno de ellos está tumbado en el suelo, literalmente, sobre una estera. Es la hora de la siesta.

"Es un ejército de viejos y hay que jubilar a la mayoría", dice Franco Nulli, embajador de la Unión Europea. Unos 3.000 uniformados pasarán al retiro, según el plan previsto. Antes es preciso garantizar un fondo de pensiones alimentado por la comunidad internacional durante cuatro o cinco años mientras el Estado sanea sus finanzas. "Las comisiones existen y trabajan con apoyo internacional, pero los fondos llegan a cuentagotas, porque hay mucha desconfianza", reconoce Nulli. Mientras tanto, la cocaína sigue su trayecto a través de Guinea-Bissau, dejando como único rastro el aumento de la corrupción y de los pequeños consumidores de restos de droga que se pierden por el camino. Los beneficios del negocio quedan lejos.

"El mayor problema de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau es que no están controladas, ni encuadradas, sin un mando claro. Es un reino de Taifas, donde manda cada comandante de zona. En una situación de descontrol florecen las iniciativas personales", explica el general Verástegui, cuya hoja de servicios combina misiones de paz en puntos calientes, como República Democrática del Congo, Guatemala, Bosnia-Herzegovina. "Es muy fácil corromper en Guinea-Bissau. La tentación de entrar en el negocio de la droga está en todos los sectores", dice el general, quien está convencido de que existe una ruta africana para el tráfico de droga -"los narcos ensayan diversas rutas"-, aunque prefiere no entrar en detalles sobre Guinea-Bissau. Prefiere describirla como una ruta alternativa de los grandes carteles de la droga. "Nunca ponen los huevos en la misma canasta". En su opinión, Guinea-Bissau es una nación vulnerable, que está en el centro de todas las acusaciones, pero las miradas deberían dirigirse también a otros países de la región. Sin ir muy lejos, a la vecina Guinea-Conakry, donde la junta militar que tomó el poder en diciembre pasado tras un golpe de Estado lleva a cabo una intensa campaña para limpiar la imagen corrupta de las instituciones. -


de mulas (correos humanos) que transportan cápsulas con droga en el estómago

A MIM SÓ INTERESSA SABER SE ESTAS MULAS SÃO BEM CONTROLADAS EM LISBOA.POIS QUE TAMBÉM CÁ SE SABE QUE EXISTEM MUITA GENTINHA QUE VIVE DESTE "NEGÓCIO" ENRIQUECEDOR PARA INDÍGENA BRANCO...
E ACHO MESMO QUE DEVERIAM SER SUSPENSOS OS VÔOS DA TAP PARA A GUINÉ BISSAU...POIS É SÓ PREJUÍZO...

FERNANDINHA:ESPERO QUE CRIMINOSOS NÃO SEJAM OS QUE FALAM DOS PODRES DO REGIME...

28 Junho 2009 - 00h30

Sentir o Direito
Cibercrime
A Assembleia da República prepara-se para aprovar uma nova lei sobre crimes praticados por via informática. Tal lei alargará a intercepção de comunicações através da internet para obter prova de crimes como o acesso ilegítimo a sistemas informáticos, que não permitiam a intercepção por serem puníveis com prisão não superior a três anos.


Nesses crimes, só a intercepção ou a pesquisa informática garante uma investigação eficaz. Todavia, seria preocupante a perspectiva de essa intromissão não depender de autorização judicial prévia, como uma notícia sustentou. A ser assim, estar-se-ia a afastar uma garantia processual genérica, respeitante à vida privada dos cidadãos.

A dispensa de autorização judicial seria incompreensível por estarem em causa crimes de gravidade relativa diminuta. Além disso, nem o chamado estado de necessidade investigatório – que tem como razão de ser a urgência na preservação da prova – nem o estado de necessidade quanto à prevenção do crime justificam uma iniciativa da polícia.

Mas a proposta de lei apenas dispensa a autorização judicial em duas situações de acesso a dados armazenados. A primeira refere-se aos casos em que o visado o autoriza. A segunda diz respeito a casos de terrorismo e criminalidade violenta ou altamente organizada, desde que esteja iminente um crime contra a vida ou a integridade de alguém.

Estas excepções são justificadas. O consentimento do visado anula o significado negativo da intrusão na vida privada, que corresponde a um interesse disponível. A defesa da vida ou da integridade de alguém, perante crimes iminentes tão graves, não se compadece com as delongas resultantes da exigência de uma autorização judicial prévia.

Ainda assim, quando se dispensa a autorização judicial prévia, a diligência da polícia tem de ser depois comunicada ao juiz de instrução, para ele a validar. De outro modo, essa diligência será considerada nula e a prova obtida não poderá ser utilizada em processo penal. Por isso, a intervenção do juiz – como garante das liberdades – está assegurada.

Aliás, o regime constante da proposta de lei é idêntico ao que o Código de Processo Penal consagra, desde há anos, para as revistas e buscas. É uma resposta à criminalidade grave, através de mecanismos processuais expeditos. Mas a legitimação desta resposta depende da invocação de um estado de necessidade referido à prevenção do crime.

De qualquer forma, nunca poderá aceitar-se o risco de a investigação de dados informáticos ser potenciadora da devassa sistemática da vida privada. Hoje, a internet é um espaço privilegiado de expressão e comunicação entre as pessoas. Por isso coloca grandes exigências de responsabilidade às autoridades responsáveis pela investigação.

Fernanda Palma, Professora Catedrática de Direito Penal

PORTANTO AS GARANTIAS TOTAIS NÃO EXISTEM...

BEM ME PARECIA QUE O HOMEM QUERIA FAZER TURISMO...

Honduras: Presidente transportado para a Costa Rica


O governo da Costa Rica confirmou hoje que o presidente das Honduras, Manuel Zelaya, se encontra a salvo na Costa Rica na qualidade de «hóspede» depois de ter sido detido e levado à força pelas Forças Armadas hondurenhas para fora do país.

ENTÃO E CÁ?MONTES DE GAJOS A PEDIR O MESMO...OS TAIS TRAIDORES GENÉTICOS E ALGUNS QUE ANDAM DISFARÇADOS...

UM MOTIVO PARA ENCERRAR O ISCTE-IUL...

28 Junho 2009 - 00h30

Manifestos: Grandes investimentos públicos dividem economistas
Guerra nas obras
Cinquenta e duas personalidades, na maioria economistas, assinam o contramanifesto a favor da realização de obras públicas como via para a promoção do emprego e da recuperação económica. Este é o primeiro de dois textos de resposta a um manifesto divulgado durante a semana apelando ao Governo que reavaliasse os investimentos públicos. Os manifestos ilustram o conflito que divide os economistas nacionais.

Pedro Adão e Silva, Politólogo, ISCTE; Nuno Teles, Economista, doutorando, School of Oriental and African Studies, Universidade de Londres; João Tolda, Economista, Professor Auxiliar, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Jorge Vala, Psicólogo Social, Investigador; Mário Vale, Geógrafo, Professor Associado, Universidade de Lisboa.Boaventura de Sousa Santos, Sociólogo, Professor Catedrático, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra;ISCTE-IUL;ISCTE-IUL;ISCTE-IUL...

O ISCTE ESSE ALFOBRE DE PENSADORES DE ESQUERDA AFRICANIZADORA AGORA PERCEBEM DE ECONOMIA... E DE OBRAS!
QUALQUER GOVERNO DECENTE DEVE ENCERRAR PURA E SIMPLESMENTE ESSA "ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DA EX-URSS)!QUE VÃO PRATICAR O BEM E GOVERNAR PARA ÁFRICA OU CUBA...

GAJOS DESTES ATÉ DEIXAVAM HÚMIDAS AS JORNALISTAS DE VÉU E LUVAS...

Iran demonstrators 'must be executed'
Ayatollah Khatami's uncompromising message at Friday prayers comes as G8 ministers demand immediate end to Iran violence

O FREITAS & CIA DEVEM ANDAR NAS NÚVENS.É QUE VÊ CLARAMENTE VISTO QUE O BUSH É O CULPADO...

NA GALIZA O SINDICALISMO NÃO É AMARELO

La contratación de extranjeros desata protestas en Vigo
El sector del metal lleva 17 días en huelga en la provincia de Pontevedra
MARÍA FERNÁNDEZ - Vigo - 26/06/2009


"Si una empresa de Marruecos se trae a soldadores para trabajar en los astilleros de Vigo nadie se cree que les van a pagar lo que exige el convenio. Están quitándole trabajo a los de aquí con salarios de miseria". La argumentación es de Antolín Alcántara, del sindicato nacionalista gallego CIG, que ayer reclamó ante un millar de trabajadores que "se regule la contratación para que los trabajadores de toda la vida sean los que tengan futuro en los astilleros". Definió a esos trabajadores como "los que se ganaron el derecho a permanecer y estar aquí, los que levantaron el sector. Que sean ellos y sus hijos los primeros".

POR CÁ É TUDO MAIS INTERNACIONALISTA E AFRICANIZADOR.O QUE NÃO ADMIRA FACE ÀS "CORREIAS DE TRANSMISSÃO" DOS RESPECTIVOS PARTIDOS TAMBÉM ELES INTERNACIONALISTAS AFRICANIZADORES/COLONIZADORES DEPOIS DE TEREM "DESCOLONIZADO" DE FORMA EXEMPLAR...
QUE OS TRABALHADORES DE CÁ EXIJAM AOS SEUS DIRIGENTES QUE VÃO TRABALHAR NAS EMPRESAS PARA VEREM COMO ELES DEPRESSA MUDAM DE POLÍTICA...

ISTO CÁ ERA RACISMO PURO...POR ISSO VAMOS TER MUITO MAIS ACOLHIMENTOS.E MAIS IMPOSTOS...

ONSEJO DE MINISTROS | Aprobada por el Gobierno

La nueva ley de Extranjería castiga a quien apoya la inmigración ilegal
Efe | Madrid
Actualizado viernes 26/06/2009 14:20 horasDisminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto Comentarios 0
El Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal, pero no al "acogimiento humanitario", y que amplía el plazo de internamiento a 60 días, pero aumenta las garantías y garantiza el apoyo de las ONG.

El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria.

"Con este proyecto se pasa de una ley de extranjería a una ley de inmigración" que es "equilibrada y garantista", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior a la reunión.

Por medio de un comunicado, el Gobierno ha explicado que esta reforma era "inaplazable" por la necesidad de adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las directivas aprobadas en la Unión Europea.

El texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, ha añadido.

Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley reformula la sanción que persigue la promoción de la inmigración irregular "para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria", pero mantiene la persecución de quienes provocan la entrada y estancia de un extranjero como turista, y además, sostienen su estancia irregular.

El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.

En cuanto al internamiento de los inmigrantes ilegales, el nuevo texto aumenta de 40 a 60 días el plazo máximo, pero "se han aumentado las garantías y la necesidad de justificación del mismo" y se incorpora la posibilidad de entrada de las ONG a los Centros de Internamiento, ha destacado el Ejecutivo.

Además, se acota las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o habeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.

En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación, de manera que los mayores de 16 años podrán intervenir en dichos procesos.

Asimismo, el proyecto contempla una serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.

Entre la modificaciones de la futura ley, el Ejecutivo también ha destacado las relativas a la reagrupación familiar, que "mejoran la futura integración y dan prioridad a la familia nuclear".

Así, establece más rigor en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda del reagrupante y otorga desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados.

Además, permite reagrupar por razones humanitarias a los ascendientes menores de 65 años y computar de manera conjunta los ingresos familiares para facilitar la reagrupación.

Finalmente, entre las modificaciones también cabe destacar la que regula la autorización de residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, para que el temor a la expulsión no sea un obstáculo para la denuncia.

AS "ASSOCIAÇÕES" E O SOS COM O LOUÇÃ A COMANDAR DECIDIRAM DAR-NOS UM IMPÉRIO CÁ DENTRO.SÓ É PRECISO É UM MINISTRO DAS COLÓNIAS EM VEZ DUMA COMISSÁRIA DAS "MINORIAS" PAGAS PELAS POR ENQUANTO MAIORIAS...