JUDEUS DE TODO O MUNDO UNI-VOS.E INVENTEM LÁ UMA TRIBO AFRICANA RETINTA PARA NOS COMBATER O DÉFICE DEMOGRÁFICO...

Abramóvich y los 56.685 judíos que ya son portugueses: un gran negocio Los tribunales investigan irregularidades en parte de los certificados de la Comunidad Judaica de Oporto para la nacionalización de descendientes de los sefardíes expulsados en el siglo XV. El endurecimiento de la norma se aplaza hasta septiembre STRINGER (REUTERS) Tereixa Constenla Lisboa - 18 ABR 2022 - 05:40 CEST El portugués más rico del mundo se llama Román Abramóvich. La prensa lusa ironiza con el asunto cada vez que puede desde que el diario Público destapó que el multimillonario ruso había obtenido la ciudadanía portuguesa en abril de 2021, aprovechando la vía abierta en la Ley de la Nacionalidad para los descendientes de los sefardíes expulsados de Portugal en 1496 por el rey Manuel I. El oligarca que antes contrataba a Lady Gaga para conciertos privados y que ahora tiene yates retenidos en varios puertos occidentales por las sanciones tras la invasión rusa de Ucrania es uno de los 56.686 judíos, la mayoría residentes en Israel, que se convirtieron en portugueses entre 2015 y 2021. En ese periodo, apenas 300 peticiones fueron rechazadas por al Instituto de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, que debe certificar si se concede o no la ciudadanía y que tiene aún pendientes de examinar más de 80.000 expedientes. Casi el 90% de las 137.087 solicitudes presentadas en seis años partieron de la Comunidad Judaica de Oporto, la única junto a la Comunidad Judaica de Lisboa, autorizada legalmente a emitir certificados para lograr la nacionalización portuguesa. Las sospechas se centran en la entidad de Oporto, que vio crecer su poder financiero e institucional desde que se abrió el proceso para los sefardíes. Su rabino, Daniel Litvak, fue detenido en marzo durante unas horas en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado sobre las irregularidades en la tramitación de expedientes en los que se podrían haber cometido tráfico de influencias, corrupción activa, falsificación de documento, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal y asociación criminal. La policía sospecha que han podido desviarse 35 millones de euros de las donaciones recibidas por la organización religiosa desde que entró en vigor la norma. El segundo acusado por esta investigación es el abogado Francisco Almeida Garrett, que pertenece a la dirección de la Comunidad Judaica de Oporto y es sobrino de Maria de Belém Roseira, la diputada socialista que defendió la laxa redacción de la norma para los sefardíes. Fuentes citadas por el semanario Expresso aseguran que la institución contaba con una “contabilidad paralela, en on y en off” y que un testigo denunció hace años ante la policía judicial la conexión portuguesa con una red de falsificación que emitía certificados fraudulentos de nacimiento sellados por el Reino de Marruecos y acreditados por el tribunal rabínico de Casablanca a cambio de 6.500 euros. La gestión burocrática de la nacionalización se ha convertido también en un apetitoso negocio para bufetes de abogados que se ofrecen a tramitarla en poco tiempo.