España rechaza el plan de la UE de endurecer la retención de migrantes
Los socios europeos quieren imponer un plazo mínimo de internamiento, una medida que el Ministerio del Interior considera inasumible
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rebatió la medida ante sus colegas comunitarios con el argumento de que “puede afectar a las garantías constitucionales españolas” y, además, sobrecarga a los países con más entradas irregulares.
Europa lleva tiempo pensando cómo restringir la directiva de retorno para aumentar el número de expulsiones de los llamados migrantes económicos (sin derecho a asilo) que arriban a la UE. La norma establece un periodo máximo de 18 meses de internamiento para el colectivo con orden de expulsión o devolución. En la práctica, el club comunitario no logra devolver a sus países de origen ni al 40% de los inmigrantes irregulares a los que interna. Estudios como Alternativas a la detención de asilados y migrantes en la UE, de la Universidad Libre de Bruselas, cuestionan que ampliar la privación de libertad mejore ese porcentaje.
La orientación que pactaron los Estados miembros el 7 de junio contiene un cambio que el Gobierno ve inasumible. Los socios europeos pretenden imponer a los inmigrantes irregulares un periodo mínimo de 90 días en los centros de internamiento. Esa figura no existe en la legislación española, que solo contempla una permanencia máxima de 60 días. Pasado ese tiempo, si la Administración no ha conseguido deportar al inmigrante, tiene la obligación de dejarlo libre. El endurecimiento que propone el conjunto de Estados miembros supondría una “repercusión política que no se compensa con sus efectos prácticos”, alertó Fernando Grande-Marlaska a sus socios en Luxemburgo. Esa y otras de las medidas propuestas supondrían, además, “asumir una serie de reformas legales de calado” para España.
Más allá de las reservas morales, el Gobierno aporta una visión pragmática para rechazar este enfoque. “¿Qué sentido tiene poner en un papel que vamos a devolver a todos los subsaharianos si sus países de origen no les reconocen?”, cuestionan desde el Ministerio del Interior. No importa cuánto tiempo pase internado el inmigrante. Si su país no lo reconoce como nacional, y no colabora con su documentación, la expulsión nunca será viable. En 2018, el 42% de los internos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no pudo ser deportado y quedó en libertad. El Ministerio, de hecho, ha dado prioridad a la privación de libertad de marroquíes y argelinos porque los acuerdos bilaterales con sus países facilitan las expulsiones en el plazo legal. Ha dejado, por tanto, de internar subsaharianos, consciente de la dificultad de devolverlos a sus países de origen.
POR MIM CARREGAVAM-NOS EM NAVIOS E ERAM DESEMBARCADOS E LIBERTOS DE BRANCOS NUMA PRAIA DESERTA PERTO DO SENEGAL...A FORTALEZA EUROPA TEM CAPACIDADE OU NÃO?
AGORA SOMAREM E SOMAREM É QUE NÃO.POR CÁ HÁ TAMBÉM OS QUE NOS CHEGAM DE AVIÃO E NUNCA MAIS REGRESSAM...PARA ANDAREM POR AÍ A TER LUTAS COM OS POLÍCIAS MAUS E A ASSASSINAREM INDÍGENAS ENTREGUES AOS BICHOS...
No comments:
Post a Comment